Por: Juan Pablo Peña Yazo*
La brutalidad policial es una expresión más de la crisis democrática que le acontece a Colombia. La clase política tradicional de este país, con bombos y platillos, defiende que nuestra república posee una de las democracias más estables y consolidadas de la región. Lo anterior por el hecho de que el sistema político propicie comicios electorales con una periodicidad determinada, la inexistencia de regímenes autoritarios en su historia reciente y la autonomía de las ramas del poder público. Sin embargo, en nuestro contexto se cultiva un sentimiento de frustración y descontento general protagonizado por el constante asesinato de líderes y lideresas sociales, escenarios cotidianos de vulneración a los derechos fundamentales y, ahora más que nunca, la represión en la movilización social.
Es inminente la ruptura entre la clase política y la ciudadanía. La democracia representativa como sustento del sistema político se ha quedado corta pues, ante la incapacidad de la sociedad de comunicar desde la base hacia arriba sus preferencias, demandas y necesidades, no ha tenido de otra que tomarse las calles para hacerlo. Es en ese lugar público de movilización social en el cual la reacción más evidente del gobierno nacional, y algunos gobiernos locales, ha sido confrontar con represión y con todo el uso de la fuerza que sea necesario para contenerla.
Prueba de lo anterior fue el Paro Nacional que paralizó el país para finales del 2019 y que sacó a más de un millón de ciudadanos a las calles en su primera jornada. Los manifestantes estuvieron motivados por sus críticas a las políticas de Iván Duque, la deriva del proceso de paz, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción dentro del gobierno y el incesante asesinato de defensores y defensoras de Derechos Humanos. Este movimiento social se extendería hasta que, en el mes de marzo del 2020 y para suerte del gobierno nacional, se anunciara el inicio de las cuarentenas en las diferentes ciudades del país.
De manera más reciente, el descontento ciudadano se materializó en las calles a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de un agente de la Policía Nacional. Lo más grave es que, como respuesta a este hecho y ante una multitudinaria manifestación ciudadana que comunicaba el mensaje de que la policía nos estaba matando, la respuesta de la institución fue asesinar otros catorce. Lamentablemente, estos casos no son aislados. El último informe de Temblores ONG: Bolillo, Dios y Patria, reporta que, en el periodo comprendido entre 2017 a 2019, ocurrieron en Colombia 289 homicidios a manos de uniformados de la Policía Nacional (Temblores ONG, 2021).
El abuso policial es una de las consecuencias del mal accionar histórico del gobierno nacional. Por un lado, el producto de instituciones con graves problemas estructurales, actuaciones delictivas sistemáticas, debilidades en los procesos de selección y control de sus uniformados y la existencia de estímulos perversos para abusar y exceder de su poder sin tener repercusiones. Por otro lado, consecuencia de un gobierno que entiende la manifestación social en sí misma como un problema de orden público que debe ser confrontado y acallado mediante el uso de la fuerza y que ignora todos los motivos y las razones que las motivan. Una lectura del orden público sobre lo que debería ser una lectura social. Ahora bien, sumémosle el hecho de que se argumente que los manifestantes son solamente unos “infiltrados” de grupos subversivos y guerrilleros, ni hablar…
La policía es un actor que desempeña un papel fundamental en cualquier régimen político, entre otros motivos, por el hecho de que su accionar sea el primer referente de la ciudadanía de conocer cómo el Estado responde a los problemas que se presentan en su cotidianidad. Es por esto por lo que la percepción ciudadana hacia la fuerza pública es un indicador de legitimidad social del mismo sistema, especialmente si este es uno democrático.
En Colombia la corrupción policial es un problema crítico. Aun cuando el primer problema relacionado a este fenómeno es la poca información que la ciudadanía recibe en comparación con sus dimensiones reales, son constantes las noticias en las cuales se involucra a la fuerza pública en sobornos, ejecuciones judiciales, cooperación con grupos armados paralelos al Estado y hasta la existencia de redes de prostitución internas en las instituciones.
Las implicaciones de la represión y la brutalidad policial son evidentes para la democracia. Los ciudadanos no perciben que la fuerza pública sea la encargada de la provisión de seguridad y mucho menos de la protección civil. Por el contrario, con el paso del tiempo, su percepción hacia estas instituciones termina en configurar y fortalecer otro tipo de prácticas y percepciones como la desconfianza, la ausencia de cooperación y, lamentablemente, el hecho de concebir la necesidad de la autogestión de su protección.
Ahora bien, en cuanto la protesta social se configura como un mecanismo de participación social, el abuso policial culmina en deslegitimar la participación y se configura como un escenario de antesala de un régimen dictatorial, contrario a la democracia más estable de la región, en la cual no se respetan las voces de oposición que puedan surgir en contra del establecimiento.
Es necesario que como ciudadanos propendamos por acompañar y legitimar propuestas sociales y políticas que busquen acabar con la cultura política que históricamente ha fortalecido la idea de que la protesta social es un hecho contrainsurgente y que, por el contrario, asuma que el ejercicio de la movilización social es legítimo. Es necesario soportar los proyectos que plantean una reforma integral de la fuerza pública que trascienda de los cambios superficiales y pueda transformar las problemáticas estructurales asociadas a su origen, a su naturaleza y al control social. Por último, es necesario que dejemos de pensar que somos una democracia consolidada y estable porque, de serlo, nuestro contexto garantizaría el derecho de si quiera expresarnos sin que ello nos cueste la vida.
Estas letras han centrado su atención en el abuso policial mayoritariamente ocurrido en las movilizaciones sociales. Asimismo, en sus consecuencias para la democracia colombiana. Sin embargo, no pretenden desconocer el abuso policial que acontece en otros escenarios y en otras dimensiones. El análisis del abuso debe contemplar y repudiar el exceso que acontece al multar un ciudadano por comprar una empanada en la calle, la persecución a poblaciones minoritarias y diversas y, del mismo modo, el abuso que acontece al interior de las instituciones que han provocado hasta la existencia de carteles internos de crimen organizado.
No somos ninguna democracia ejemplar.
*Politólogo, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Co-creador del podcast de análisis político Devuélvase.
Referencias:
Temblores ONG. (2021). Bolillo, Dios y Patria. Bogotá. Colombia. Recuperado de https://www.temblores.org/bolillo-dios-y-patria
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